Este artículo sale en la edición impresa de PLAYBOY COLOMBIA de diciembre de 2017
Es mediodía y en uno de los tantos restaurantes de barrio que hay en Bogotá, un grupo de personas almuerza con el ruido de fondo del noticiero. En la pantalla se ven ataúdes y fotos de cuatro líderes sociales asesinados durante la segunda semana de octubre. Algunos pasan la mirada rápidamente, otros continúan comiendo y discuten la jornada de trabajo. Por cruda que parezca la nota, por más que hasta las Naciones Unidas se pronuncien rechazando el continuo asesinato de líderes sociales, a nadie en el lugar parece importarle la noticia.
Desde diferentes sectores viene creciendo una voz, tal vez demasiado débil aún, que denuncia la violencia sistemática contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en medio de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.
La preocupación no es gratuita. Al acercarse el primer aniversario de la firma, el listado de víctimas ha crecido incesantemente según lo consignado en el reciente informe liderado por Indepaz. En este se registran 98 homicidios y tres desapariciones forzadas que afectan especialmente a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a líderes de las Juntas de Acción Comunal y a los consejos comunitarios. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta julio de 2017 se contabilizaron 52 asesinatos. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- alertó el pasado 17 de noviembre una cuenta trágica de 78 muertes de líderes y miembros de organizaciones sociales en lo que va del año, y al menos 13 sospechas de asesinatos. Así, semana tras semana las agencias de noticias reportan nuevos casos y es posible que esta cifra sea mayor en este momento.
Esta ola de crímenes genera gran inquietud y recuerda el exterminio de la Unión Patriótica en la segunda mitad de los 80, durante los acercamientos para la paz, a manos de la extrema derecha en colaboración con agentes del Estado. Por supuesto el paralelo no es exacto, pero el mismo informe recalca una hipótesis que apunta a un escenario alarmante. Tras analizar lo que para los investigadores es una serie enlazada de acciones y no hechos aislados, se presenta la conjetura de que “a mayor apertura de posibilidades de participación política, de reforma agraria y de transformación social, aumentan las violaciones de derechos humanos”, afirma.
Leyner Palacios, líder de las víctimas de Bojayá, expresó su temor al portal de Lasillavacía, e insinuó que la omisión del Estado puede hacer parte de una estrategia donde su responsabilidad no puede ser obviada: “En Riosucio las comunidades vienen denunciando la presencia de paramilitares en esos territorios hace mucho tiempo. […] estamos súper convencidos que esto es una estrategia conjunta de articulación y de control entre militares y AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia]”.
A pesar de esto, el Gobierno se rehúsa a aceptar una acción sistemática en estos crímenes, y señala la falta de claridad en la autoría de los asesinatos, así como al hecho de que las víctimas no pertenecen necesariamente a un mismo movimiento político, sugiriendo motivos particulares en cada caso. No obstante, el hecho de que todas estas personas sean líderes sociales y defensoras de derechos humanos es un rasgo difícil de ignorar. Aun así, organismos estatales como la Defensoría del Pueblo han denunciado la falta de atención al Sistema de Alertas Tempranas en un “escenario de riesgo para líderes sociales”.
Aunque esta amenaza toca a muchas zonas del país, territorios como el del Pacífico lo están sufriendo con una enorme brutalidad. Los recientes hechos en Tumaco, una presunta masacre de campesinos e indígenas a manos de la fuerza pública en la conflictiva erradicación forzada de cultivos ilícitos y el emblemático asesinato de José Jair Cortés, líder comunal de la zona rural que denunció repetidamente las amenazas que recibía, han hecho que la región esté en el foco de atención por ser un caso en el que confluyen varios males.
Más allá de la coyuntura
Si bien Tumaco solo es uno entre muchos casos, es una muestra del fallido papel del Estado como encargado del monopolio de la fuerza y garante de la seguridad de quienes le apuestan a la paz. El informe de Indepaz reitera que las violaciones de derechos humanos muestran una naturaleza sistemática contra una población específica en territorios particulares. Esa responsabilidad institucional se vuelve a cuestionar, no solo por los fallos al combatir a los grupos armados ilegales, sino por la desatención de la Fuerza Pública frente a la acción de los mismos.
A su vez, la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Colombia pide la acción urgente de la Fiscalía y advierte que “es posible que estos hechos se encuentren relacionados con los intereses de sectores políticos y económicos que ven con temor la implementación de dichos acuerdos, particularmente en lo relacionado con el capítulo de la Reforma Rural Integral, participación política, y solución al problema de drogas ilícitas”.
El país parece atrapado en escenarios contradictorios con distintos actores dentro de esa gran categoría que es el conflicto armado. Si bien se ha avanzado con un actor fundamental, en otros flancos la situación es muy distinta. El cuestionado proceso con los paramilitares ha sido parte del origen de bandas con intereses económicos que no cesan de impartir terror por el control del territorio. A esto se le suman otros actores que están en puntos intermedios entre la acción armada y el inicio de la negociación, como el ELN, sin contar a otros sectores como los grupos económicos que se han beneficiado de una situación caótica en diversas regiones del país y que rara vez, o nunca, son mencionados como parte del conflicto.
El anhelado discurso de la reconciliación aún cojea, y la efusividad que acompañó este proceso se ha diluido también. Ante el cuestionamiento a la capacidad del Estado y la inmovilidad de la sociedad frente al recrudecimiento de la violencia, queda preguntarse no solo quién está asesinando a los líderes sociales, sino qué vamos a hacer como sociedad para impedir que eso continúe.
